Con este aplazamiento, el nuevo calendario permite coordinar mejor la adaptación de los sistemas de facturación, aunque vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de estabilidad normativa y planificación empresarial.

El nuevo aplazamiento de VeriFactu hasta octubre de 2028 supone un alivio para muchas empresas y autónomos que todavía no han adaptado sus sistemas de facturación. La decisión busca coordinar esta obligación con la implantación de la factura electrónica, evitando que los negocios tengan que afrontar varias transformaciones tecnológicas en periodos demasiado próximos.

Desde el punto de vista empresarial, la medida tiene mucho sentido. Sin embargo, también plantea una cuestión importante: ¿es suficiente con conceder más tiempo o necesitamos, además, un marco normativo más estable que permita planificar las inversiones con garantías?

La respuesta exige analizar tanto las ventajas del aplazamiento como sus posibles inconvenientes de la implantación de VeriFactu y la factura electrónica, ya que son dos obligaciones diferentes, aunque suelen confundirse, no son lo mismo.

VeriFactu forma parte de la normativa que establece los requisitos que deben cumplir los programas informáticos de facturación. Su finalidad es garantizar la integridad, conservación y trazabilidad de los registros, dificultando su manipulación y prácticas fraudulentas.

La factura electrónica, por su parte, regula la emisión y recepción de facturas en formato electrónico entre empresas y profesionales, conforme al calendario y las condiciones que establece su normativa específica.

Ambas iniciativas impulsan la digitalización empresarial, pero tienen objetivos y requisitos propios. Por eso, coordinar su implantación puede facilitar la adaptación, aunque no significa que una obligación sustituya automáticamente a la otra.

Dentro de las ventajas de aplazar la entrada en vigor, el principal argumento a favor de esta decisión es evitar costes y esfuerzos duplicados.

Para una gran empresa, adaptar sus sistemas informáticos puede formar parte de un proceso tecnológico planificado. Para un autónomo, una pequeña tienda o una empresa familiar, el cambio puede suponer un gasto muy significativo, horas de trabajo dedicadas a elegir programas, configurar sistemas, formarse, formar al personal y revisar los procedimientos de facturación.

Disponer de más tiempo permite comparar soluciones, distribuir la inversión y preparar una transición ordenada. También facilita que los proveedores tecnológicos desarrollen herramientas mejor adaptadas a las necesidades de cada negocio.

Además, la coordinación entre obligaciones puede reducir la incertidumbre técnica y evitar que las empresas tengan que modificar sus procedimientos en varias ocasiones consecutivas. Desde esta perspectiva, el aplazamiento constituye una oportunidad para hacer las cosas mejor y no simplemente más tarde.

Las sucesivas modificaciones del calendario tienen un inconveniente evidente: dificultan la planificación ya que las empresas necesitan conocer con suficiente antelación las obligaciones que deberán cumplir y las inversiones que tendrán que realizar. Cuando las fechas cambian repetidamente, resulta más difícil decidir cuándo adquirir un programa, qué solución elegir y cómo organizar la formación del personal.

También hay que considerar a quienes ya han invertido en adaptarse. El aplazamiento no convierte necesariamente esas inversiones en inútiles, pero puede generar muchas dudas sobre el momento adecuado para acometerlas y sobre la conveniencia de haber anticipado el cambio.

La seguridad jurídica no consiste únicamente en disponer de una norma publicada. También requiere calendarios fiables, criterios técnicos claros y una comunicación administrativa que permita actuar con previsión. Dar más tiempo es positivo; cambiar reiteradamente las reglas del calendario tiene un coste para la confianza empresarial.

La recomendación profesional es que las empresas no confundan el aplazamiento con una invitación a olvidarse de la digitalización. Tampoco considero razonable que una empresa cambie precipitadamente de programa sin analizar antes sus necesidades y las características de la solución que pretende contratar.

Lo prudente es aprovechar el margen disponible hasta 2028 para revisar los sistemas actuales, comprobar su compatibilidad con las obligaciones previstas, estudiar los costes y formar a las personas que los utilizarán.

Una empresa que planifica con tiempo puede elegir mejor y evitar decisiones precipitadas. Además, una buena herramienta de facturación no solo sirve para cumplir con Hacienda: puede reducir errores, agilizar tareas administrativas, mejorar el control de cobros y facilitar la gestión económica del negocio. La digitalización debería entenderse como una inversión en eficiencia, no únicamente como una obligación tributaria.

La finalidad de reforzar el control de los registros de facturación es legítima. Una Administración tributaria necesita instrumentos eficaces para prevenir el fraude y mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Pero esa lucha contra el fraude debe ser sin penalizar al contribuyente cumplidor.

La aplicación de estas medidas debe guardar un criterio de proporcionalidad con la realidad de las empresas, especialmente las de menor tamaño, que cuentan con recursos económicos y administrativos muy limitados.

El reto consiste en establecer controles eficaces sin trasladar cargas innecesarias a quienes cumplen con sus obligaciones. Para conseguirlo, resulta fundamental que la Administración facilite información clara, herramientas accesibles, asistencia técnica y criterios estables. La adaptación será más sencilla si las empresas conocen con precisión qué deben hacer, cuándo deben hacerlo y qué alternativas tienen a su disposición.

Considero razonable coordinar la implantación de VeriFactu con la factura electrónica, siempre que esa coordinación se traduzca en una adaptación más sencilla, eficiente y proporcionada para el tejido empresarial.

Ahora bien, el nuevo aplazamiento no debería convertirse en otra nueva etapa de incertidumbre. Si octubre de 2028 es el horizonte previsto, las empresas necesitan una hoja de ruta clara y la Administración debe trabajar para que los requisitos técnicos y los plazos sean coherentes y previsibles. El tiempo adicional debe servir para informar, formar, simplificar y preparar. No para dejarlo todo para el último momento ni para trasladar nuevamente el problema al futuro.

El presente aplazamiento puede ser positivo, pero su verdadero valor dependerá de cómo se utilice. Las empresas ganan margen para prepararse; la Administración tiene la oportunidad de mejorar la coordinación normativa y tecnológica. Ambas partes deben aprovecharlo.

Porque el éxito de una reforma de esta naturaleza no se mide únicamente por la fecha en la que entra en vigor, sino por su capacidad para cumplir sus objetivos sin imponer dificultades evitables a quienes sostienen la actividad económica.

Al empresario no hay que pedirle que renuncie a modernizarse, sino ofrecerle condiciones para hacerlo con seguridad, sentido económico y reglas estables.